La disputa por la soberanía de las Islas Malvinas incorporó un nuevo capítulo con la presentación de Argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo. El objetivo es obtener medidas provisionales que impidan la explotación de hidrocarburos en la cuenca Malvinas Norte, área donde opera el proyecto Sea Lion, impulsado por empresas con capitales británicos e israelíes.
La solicitud argentina se fundamenta en el artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y reclama cuatro acciones específicas: detener el inicio o la continuidad de la extracción, evitar la emisión de nuevos permisos, preservar la información obtenida durante la exploración y proteger el medio marino.
El argumento central del Estado nacional es que la extracción de recursos no renovables genera un perjuicio irreversible y podría consolidar una situación de hecho antes de que se resuelva la controversia de soberanía. En este contexto, se recuerda que la Asamblea General de la ONU, mediante las resoluciones 2.065 de 1965 y 31/49, instó a ambas partes a evitar decisiones unilaterales que alteren la situación mientras continúa el proceso de negociación.
Frente a este planteo, el Reino Unido rechazó la competencia del Tribunal del Mar y defendió la posición de que los habitantes de las islas tienen derecho a utilizar los recursos naturales del territorio. Esta postura británica contrasta con la línea argentina, que sostiene que Londres no puede negar la negociación sobre la soberanía y, al mismo tiempo, avanzar sobre los recursos de la zona en disputa.
