La Unidad Fiscal de Río Gallegos y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos formalizaron una investigación contra Lázaro Báez por presunto lavado de activos y asociación ilícita, señalando que continuó dirigiendo la explotación comercial de estancias, maquinaria y alquileres urbanos pese a los embargos e inhibiciones dictadas en causas previas.

Según el fiscal Julio Zárate, Báez utilizó líneas telefónicas asignadas al Servicio Penitenciario Federal y teléfonos móviles dentro del penal de Ezeiza para coordinar actividades con intermediarios en Santa Cruz, bajo la supervisión del juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez.

Entre los imputados centrales se encuentran su pareja, Claudia Insaurralde, y Cristian Sebastián Ibáñez, alias “Budín”, quienes fueron detenidos en el aeropuerto internacional de Ezeiza tras llegar de Río Gallegos, en el marco de 27 allanamientos.

Los registros de comunicaciones incorporados al expediente muestran que los interlocutores se referían a Báez como “el tío” y a Insaurralde como “la tía”, y en una conversación el empresario declaró: “El dueño de la historia acá soy yo, ni mi familia, ni los otros abogados”.

La investigación reveló el uso de sociedades comerciales preexistentes, como Austral Agro S.A. y Kank y Costilla, para suscribir convenios de arrendamiento o capitalización, y describió la venta de 600 ovejas sin documentación y lotes de lana para obtener 10.000 dólares en efectivo.

La defensa alegó que las compañías siguen operando por requerimientos judiciales que obligan a designar curadores de los bienes y que los movimientos comerciales cuentan con facturación formal; los acusados no han prestado declaración ante el magistrado mientras continúan las pericias contables sobre los más de 390 millones de pesos involucrados.