La Fiscalía Federal de Río Gallegos formalizó este viernes una investigación contra Lázaro Báez por presunto lavado de activos y asociación ilícita, presentando audios en los que el empresario supuestamente dirigía la administración de bienes embargados desde el penal de Ezeiza.
Según la investigación, la supuesta estructura criminal movilizó un flujo financiero estimado en $ 390.880 millones mediante la explotación de activos bajo medida cautelar, sin crear nuevas sociedades pantalla.
En las escuchas se registra que Báez exigía incrementos en los cánones de arrendamiento de inmuebles en Río Gallegos y ordenaba la venta clandestina de ganado perteneciente a estancias cauteladas, como la comercialización de 600 ovejas a $ 100.000 cada una.
"Acá hay una sola parte, y Claudia tiene una instrucción muy clara. Si no nos ponemos de acuerdo, terminémoslo de una vez por todas. El dueño de la historia acá soy yo, ni mi familia ni los otros abogados", dijo Báez en una de las grabaciones.
La investigación también señala que Báez ordenó el retiro de insumos guardados en Gobernador Gregores por montos entre 40 y 50 millones de pesos para cubrir compromisos financieros, y menciona la participación de empresas del holding Austral Agro S.A. y Kank y Costilla S.A.
El caso está a cargo del fiscal Diego Velasco y los fiscales generales Diego Luciani y Abel Córdoba, quienes también avanzaron sobre el secuestro de vehículos, el decomiso de hacienda y la cancelación de contratos de alquiler fuera del control de los depositarios judiciales.
