Las principales entidades agropecuarias de Córdoba y los consorcios camineros acordaron por unanimidad proponer que el Impuesto Inmobiliario Rural de 2027 se actualice según la evolución de los precios agropecuarios, con un incremento máximo del 28,28% respecto de 2026. La decisión quedó plasmada en un acta firmada el 6 de noviembre en Río Cuarto, durante una reunión con el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso.
El mecanismo establece que la actualización se aplicará a cada partida inmobiliaria y a todos los grupos de contribuyentes, excluyendo únicamente las mejoras incorporadas a los inmuebles. El porcentaje se determinará a partir de la variación del Índice de Productos Agropecuarios, componente del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) elaborado por el Indec, sin superar el tope acordado.
Los firmantes fundamentaron la propuesta en el aumento de costos de insumos, combustibles, maquinaria, fletes y mano de obra, así como en la variabilidad climática. También señalaron la necesidad de actualizar los recursos del Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario (FDA) para sostener obras y servicios vinculados a la producción rural.
El acuerdo solicita al ministro Busso gestionar ante el gobernador y los legisladores la incorporación de este mecanismo al proyecto de Ley Impositiva de 2027. Asimismo, se reclama mantener la exención del Impuesto Inmobiliario para inmuebles de la categoría I de la Ley 9814 y conservar la alícuota del 0% en Ingresos Brutos para la actividad de mera compra. La instrumentación final depende de las autoridades provinciales competentes.
El acta fue suscripta por representantes de la Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina, Coninagro y Cartez, junto con la Asociación de Consorcios Camineros de Córdoba. Por el Gobierno provincial firmaron el ministro Sergio Sebastián Busso y el secretario de Infraestructura Agropecuaria, Franco Rubén Mugnaini.
