La Fiscalía de Paraguay amplió los cargos contra el expresidente Santiago Peña, quien ahora enfrenta la imputación de asociación criminal en calidad de autor en el marco de la investigación por el colapso de Ueno Bank. Esta medida se suma a los delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio, y profundiza la crisis judicial y política en el país.

Peña, que se encuentra detenido bajo prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial, es señalado por los investigadores como el presunto líder de una estructura articulada desde el Estado. La hipótesis fiscal sostiene que se operó de forma jerárquica para blindar al conglomerado Grupo Vázquez / Ueno Bank y frenar las sanciones legales, omitiendo alertas técnicas sobre el deterioro financiero de la entidad desde fines de 2025.

Según el escrito judicial, el expresidente habría mantenido reuniones periódicas en Mburuvicha Róga con Federico Miguel Vázquez para coordinar las necesidades del conglomerado. Asimismo, se acusa a los imputados de permitir que el banco insolvente continuara captando depósitos de manera agresiva hasta el momento de su resolución, el 2 de noviembre.

En paralelo, la Justicia decretó el embargo preventivo de cuentas bancarias y la inhibición general de bienes para los exdirectivos del Banco Central del Paraguay Liana Caballero Krauze, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González Maldonado, quienes fueron detenidos durante los allanamientos.

El Arzobispado de Asunción emitió un comunicado solicitando celeridad e imparcialidad en las investigaciones. La institución pidió al Ministerio Público esclarecer si hubo sustracción de dinero público y al presidente Pedro Alliana renovar el gabinete ministerial, advirtiendo que la falta de respuestas deteriora la confianza ciudadana en las instituciones.

Entre las propuestas del Arzobispado figuran transparentar las cuentas públicas, proteger los fondos sociales del Instituto de Previsión Social y garantizar licitaciones transparentes. Por su parte, sectores de la oposición impulsan pedidos de juicio político contra el fiscal general Emiliano Rolón por presuntas demoras e injerencias en los operativos.