El Parlamento interino de España aprobó este jueves un paquete de medidas destinadas a limitar los desalojos, contener los aumentos de los alquileres y combatir la especulación inmobiliaria, con una mayoría ajustada de 35 votos a favor y 34 en contra.
El decreto extiende hasta 2030 las protecciones contra los desalojos de personas en situación de vulnerabilidad económica o social, siempre que los servicios sociales reconozcan esa condición y las autoridades regionales no puedan ofrecer una alternativa habitacional.
La normativa también restringe las operaciones especulativas, prohibiendo que las empresas vinculadas al sector inmobiliario adquieran propiedades por debajo del 70 % de su valor, y limita los aumentos de alquiler cuando el precio ya supera el valor de referencia fijado por el índice oficial del barrio.
El paquete incluye un impuesto del 10 % a los departamentos destinados al alquiler turístico y contempla incentivos fiscales y préstamos respaldados por el Estado para facilitar los pagos iniciales en la compra de inmuebles destinados a residencia.
Una segunda propuesta, que buscaba establecer la renovación automática de los contratos de alquiler, fue rechazada por 35 votos contra 34, tras la votación de un partido vasco de centroderecha junto con el bloque conservador.
El decreto se aprobó un día después de una huelga general y manifestaciones multitudinarias contra la crisis habitacional, y llega a pocas semanas de las elecciones nacionales anticipadas del 29 de noviembre, en las que el Partido Popular buscará revertir la política habitacional del Ejecutivo socialista.
