La Diputación Permanente del Congreso de España ratificó el jueves un decreto ley del presidente Pedro Sánchez que suspende desalojos y prorroga por dos años los contratos de alquiler que venzan antes de 2029.
El texto, aprobado un día después de la primera huelga general en 14 años por vivienda digna y a 24 horas del inicio de la campaña electoral, establece beneficios fiscales a propietarios con precios asequibles y fija límites a la compra de inmuebles por parte de fondos buitre hasta 2030.
La medida surgió tras el desalojo de Maricarmen Abascal, una vecina de 87 años en silla de ruedas que fue expulsada de su vivienda de siete décadas por un fondo de inversión y falleció dos semanas después, convirtiéndose en símbolo de las protestas por la vivienda.
Durante el debate, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, afirmó que el sistema le falló a Maricarmen y que la norma prohíbe los desahucios a personas vulnerables e incorpora compensaciones públicas para que los pequeños propietarios no asuman el coste de que nadie se quede en la calle.
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, precisó que un informe oficial cifra en 4.341 euros el ahorro medio para cada inquilino beneficiado por la prórroga de contratos, y criticó a la oposición por no apoyar la medida.
Los partidos de oposición, entre ellos Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya, votaron en contra del decreto, calificándolo de fraude a la democracia, mientras el Gobierno busca consolidar su política habitacional antes de las elecciones del 29 de noviembre.
