El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Buenos Aires condenó a los exfuncionarios de la Dirección Nacional de Vialidad Sergio Passacantando, Jorge Gregorutti y Carlos Alonso, así como a los empresarios Martín Antonio Báez, Julio Mendoza y Fernando Butti, por administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional. La decisión se tomó al homologar el acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal y las defensas en el marco de la denominada causa Vialidad 2.

Martín Báez recibió una pena de tres años de prisión como partícipe necesario. Dado que ya tenía una condena firme de seis años y seis meses por lavado agravado, el juez Andrés Basso unificó ambas sanciones en una pena única de siete años y nueve meses de prisión, además de multa y costas. Julio Mendoza también fue condenado a tres años de prisión, que se unificaron con su pena previa de cinco años por lavado, resultando en una sanción total de cinco años y nueve meses. A pedido de su defensa y sin objeción de la fiscalía, Mendoza mantuvo la modalidad de detención domiciliaria.

Los exfuncionarios Alonso, Gregorutti y Passacantando fueron condenados como autores a dos años y ocho meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua. Fernando Butti recibió dos años y seis meses de prisión en suspenso. A todos los condenados a penas en suspenso se les impuso la obligación de fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato.

El tribunal extendió a los condenados el decomiso dispuesto en la sentencia de 2022 correspondiente al primer tramo de la causa. El monto de ese decomiso, actualizado a julio de 2025, asciende a casi 684 mil millones de pesos. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola destacaron que se creó un sistema de corrupción institucional mediante la manipulación de la contratación pública, lo cual generó un perjuicio económico al erario y afectó la confianza ciudadana en la administración pública.

El juez consideró que los hechos juzgados son los mismos que se debatieron en el primer tramo de la causa, donde se reconstruyó el direccionamiento de las contrataciones en favor de las empresas de Lázaro Báez. En diciembre de 2022, el mismo tribunal condenó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a Lázaro Báez y a otros funcionarios por las conductas fraudulentas en la concesión de obras viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015. Esa condena quedó firme en 2025 tras la desestimación de los recursos por parte de la Corte Suprema.