El Gobierno de Paraguay presentará al Congreso un proyecto de ley destinado a impedir el cierre de compañías relacionadas con Ueno Bank y a salvaguardar los puestos de trabajo tras la disolución de la entidad financiera.
Según anunció el presidente Pedro Alliana, la norma contemplará la designación de administradores temporales durante ocho meses, la remoción de los directivos actuales y la ordenación de las cuentas de las empresas para que continúen operando.
El asesor jurídico de la Presidencia, Eduardo González, explicó que la medida permitirá al Estado asumir de forma transitoria la administración de las firmas vinculadas a entidades financieras en proceso de resolución, sin asumir sus deudas.
Se establecerán restricciones que impedirán la transferencia de bienes, la distribución de dividendos, pagos de créditos a accionistas y movimientos de fondos fuera de la actividad habitual de las compañías.
La iniciativa no alcanzará automáticamente a todas las empresas que hayan tenido relaciones comerciales con Ueno Bank; se aplicarán criterios específicos de vinculación y control para determinar su alcance.
