La Cámara de Apelaciones de Neuquén ratificó en febrero de 2026 una condena que obliga a una empresa constructora a abonar más de 82 millones de pesos a una compradora que nunca recibió la vivienda industrializada que había financiado.

El conflicto comenzó en 2020, cuando la mujer suscribió un convenio para la provisión de materiales y el armado de una casa prefabricada de 36 metros cuadrados, con un plan de 96 cuotas mensuales. Según lo pactado, al pagar la cuota número 44, la adquirente podía solicitar el inicio de los trabajos.

A pesar de haber cumplido con los pagos, la empresa no comenzó la construcción y comunicó la rescisión unilateral del contrato, alegando una supuesta falta de pago por parte de la clienta.

La Justicia determinó que la compradora había cumplido con todas sus obligaciones y que la firma actuó de manera dolosa, ya que continuó recibiendo pagos incluso después de notificar la rescisión del acuerdo.

El fallo dispuso la devolución total de las cuotas abonadas, una indemnización de 3 millones de pesos por daño moral y una suma de 82.183.159,68 pesos en concepto de daño punitivo, destinada a sancionar el proceder de la empresa.