En una esquina del barrio Alta Córdoba, el repartidor Mauro Quinteros recibió un disparo a quemarropa en el pecho mientras intervenía en un intento de robo a dos chicas, según testigos del hecho.
El suceso se produjo a cinco cuadras de la sede del Cuerpo de Vigilancia Especial de Alta Córdoba y ha generado críticas sobre la capacidad de las instituciones de seguridad y la atención a la población trabajadora en situación de precariedad.
El sospechoso detenido tiene antecedentes penales y enfrenta una pena que oscila entre 10 y 25 años, aunque se señala que la ejecución de la condena puede ser parcial.
Organizaciones vinculadas al Poder Judicial, como la Procuraduría Penitenciaria, han sido mencionadas en el contexto de la garantía de derechos de los internos, mientras se debate la prioridad que el Estado otorga a víctimas y victimarios.
El caso ha coincidido con la visita papal a la provincia, generando comparaciones entre la exposición de funcionarios y la escasa respuesta institucional tras el asesinato.
